La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, emitió hoy la siguiente declaración después de que la Corte Suprema de los EE.UU. anulara una orden judicial inferior que bloqueaba el plan de la Administración Trump para excluir a los inmigrantes indocumentados de la base de reparto tras el Censo 2020, citando la necesidad de esperar para ver qué acciones tomará la Administración Trump:
“Los esfuerzos del presidente Trump para elegir a quién incluir en la base de reparto del Censo es tan ilegal hoy como cuando hizo este anuncio. Todo lo que hace la decisión de hoy es retrasar lo inevitable hasta que este presidente saliente sepa si recibirá los datos que necesita para violar la Constitución y la Ley del Censo con las pocas semanas que le quedan en el cargo. La ley es clara – cada persona que reside en los EE.UU. durante el censo, independientemente de su estatus legal, debe ser contada – y cualquier otro esfuerzo del presidente o de su administración para violar la ley se encontrará con una feroz oposición, y estamos seguros de que vamos a ganar. Continuaremos haciendo lo que sea necesario para evitar que el presidente ponga la política por encima de la ley”.
En julio, la Fiscal General James lideró una coalición de estados, ciudades y condados en la presentación de una demanda contra el Presidente Trump, el Secretario de Comercio Wilbur Ross y otros después de que anunciaran que dejarían a millones de inmigrantes indocumentados fuera de la base de reparto que sigue al conteo del censo decenal.
La demanda tenía por objeto impedir que la administración Trump violara los requisitos constitucionales y reglamentarios de larga data de contar el “número total de personas” que residen en cada estado para el prorrateo, sin tener en cuenta la situación de la inmigración.
En agosto, el Fiscal General James presentó una moción de juicio sumario en el caso, que fue concedida en septiembre por un tribunal de tres jueces que declaró que el plan del presidente de excluir a los inmigrantes indocumentados de la base de reparto era ilegal.
La Administración Trump apeló esa decisión ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, donde el caso fue argumentado a finales de noviembre.
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