La medida queda suspendida temporalmente mientras avanza una demanda judicial presentada por propietarios afectados
Sala de Redacción | New York Hispano
Nueva York
Un juez de Staten Island emitió una orden de restricción temporal que frena, por ahora, la aplicación del impuesto a las segundas residencias, conocido como pied-à-terre, mientras avanza una demanda judicial presentada por un grupo de propietarios de inmuebles de la ciudad de Nueva York.
La decisión judicial se produce en medio de la preocupación y confusión generadas entre propietarios que recientemente recibieron notificaciones de la ciudad advirtiéndoles que podrían estar sujetos al nuevo recargo impulsado por la administración del alcalde Zohran Mamdani.
La ciudad envió avisos a unos 17.000 residentes como parte del proceso para identificar las propiedades que podrían quedar alcanzadas por el impuesto.
El abogado inmobiliario Benjamin Williams señaló que numerosos propietarios consideran que han sido incluidos injustamente en el proceso de identificación de segundas viviendas de lujo.
La controversia también llegó al gobierno estatal. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, reconoció el malestar provocado por la puesta en marcha de la medida.
“La gente está frustrada con la implementación”, afirmó Hochul, aunque aclaró que el estado no es responsable de ejecutar el programa. “Nosotros no somos responsables de la implementación. Es un asunto que tratamos con la Ciudad con antelación”, agregó.
Por su parte, Mamdani ha defendido el recargo argumentando que está dirigido específicamente a los propietarios con mayores recursos económicos.
“Este impuesto a las segundas residencias está diseñado específicamente para los más ricos entre los ricos”, afirmó el alcalde a principios de año, cuando fue aprobada la medida.
Ante las críticas surgidas tras el envío de las notificaciones, Mamdani volvió a defender recientemente la implementación del programa y aseguró que los propietarios tendrán tiempo para aclarar su situación con la ciudad antes de que el recargo entre en vigor.
Con la orden de restricción temporal, la aplicación del impuesto queda suspendida mientras continúa el proceso judicial, abriendo un nuevo capítulo en la disputa entre la administración municipal y los propietarios afectados.
