Fiscales generalers incluyendo la fiscal general de Nueva York lideran acción legalurgente para impedir que el gobierno quite asistencia alimentaria a familias vulnerables
NUEVA YORK
Una coalición de 25 fiscales generales estatales y tres gobernadores presentó una
moción de emergencia ante la justicia federal para impedir que el gobierno de Estados
Unidos retire los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria
(SNAP) correspondientes a noviembre. La medida responde a un memorándum del
Departamento de Agricultura (USDA) emitido la noche del sábado 8 de noviembre, que
ordenaba a los estados revertir inmediatamente la entrega de estos beneficios.
Según la moción, el USDA modificó abruptamente sus directrices previas, generando
confusión entre los estados y los beneficiarios. Apenas un día antes, el viernes 7 de
noviembre, la agencia había comunicado que la financiación completa para SNAP
estaría disponible de forma inminente, lo que llevó a varios estados a comenzar el
proceso de emisión de los fondos.
Sin embargo, el nuevo memorándum calificó de “no autorizada” la liberación de estos
beneficios y exigió a los estados revertir los pagos ya procesados, bajo amenaza de
represalias financieras, incluyendo la retención de fondos administrativos básicos. Esta
orden fue emitida después de que la Corte Suprema otorgara una suspensión temporal
de decisiones judiciales anteriores que obligaban al USDA a distribuir los beneficios.
La coalición de fiscales argumenta que esta acción del USDA es arbitraria, caprichosa
e ilegal, y representa un cambio abrupto que viola la Ley de Procedimiento
Administrativo. Además, afirman que el gobierno federal carece de autoridad para exigir
la recuperación de beneficios ya cargados en las tarjetas EBT de los beneficiarios o
para sancionar a los estados que siguieron directrices anteriores de la propia agencia.
Los fiscales también señalan que la situación ha creado incertidumbre en millones de
hogares que dependen de la asistencia alimentaria, especialmente en un contexto
económico difícil. Por ello, han solicitado una orden de restricción temporal que impida
al USDA retirar los beneficios o castigar a los estados por haber cumplido con las
decisiones judiciales y las directrices previas.
A pesar del conflicto legal, el estado de Nueva York informó que los beneficios de
SNAP de noviembre ya comenzaron a reflejarse en las tarjetas EBT de los beneficiarios
desde el domingo 9 de noviembre. Las autoridades locales recuerdan que estos fondos
pueden ser utilizados normalmente, y que los comercios participantes están legalmente
obligados a aceptarlos si el usuario tiene saldo suficiente. Cualquier beneficiario que
enfrente obstáculos al usar su tarjeta debe reportar el incidente a las autoridades
estatales.
Entre los estados que apoyan la moción se encuentran Arizona, California, Colorado,
Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan,
Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Carolina del Norte, Oregón, Rhode
Island, Vermont, Washington, Wisconsin y el Distrito de Columbia. También se unieron
los gobernadores de Kansas, Kentucky y Pensilvania.
La coalición ha solicitado a la corte federal que convoque una audiencia urgente para el
lunes 10 de noviembre, con el objetivo de frenar cualquier intento del gobierno federal
de interrumpir o revertir la ayuda alimentaria esencial para millones de familias.
