El fiscal general dijo que la ley es claramente inconstitucional y que evitar que las mujeres ejerzan sus derechos constitucionales
Washington
Europa Press
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha presentado este jueves una demanda de inconstitucionalidad contra el estado de Texas por su restrictiva ley del aborto, que entre otras cosas, premia la delación con hasta 10.000 dólares para aquellos ciudadanos que denuncien a una clínica por llevar cabo estas prácticas.
El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, ha señalado que esta ley es “claramente inconstitucional”, pues no solo hay precedentes en la Corte Suprema que lo confirman, sino también porque busca “evitar que las mujeres ejerzan sus derechos constitucionales”, como es el caso del aborto voluntario.
“Estados Unidos tiene la autoridad y la responsabilidad de garantizar que ningún estado pueda privar a las personas de sus derechos constitucionales bajo un esquema legislativo diseñado específicamente para evitar la reivindicación de esos derechos”, ha expresado Garland en una rueda de prensa desde Washington.
Garland ha explicado que esta ley entra en conflicto con “las responsabilidades estatutarias y constitucionales del Gobierno Federal” y además está diseñada para dificultar que las clínicas puedan dar estos servicios, pues al permitir que ciudadanos individuales inicien litigios privados contra ellas, se busca paralizar “durante el mayor tiempo posible” que las mujeres puedan acceder al aborto.
Desde que la ley entró en vigor, muchas de las clínicas de Texas han tenido que cerrar. Esta semana, Garland ya adelantó que las autoridades federales protegerían a todas las “clínicas de salud reproductiva” que pudieran ser objetivo de ataques y a todas las mujeres que buscasen interrumpir su embarazo de manera voluntaria.
La semana pasada, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó un recurso de apelación de un grupo de clínicas abortivas para impedir que la legislación entrara en vigor, gracias a la mayoría conservadora de cinco votos que argumentó razones de procedimiento para no intervenir.
“El Departamento de Justicia brindará apoyo a la Policía Federal cuando una clínica abortiva o un centro de salud reproductiva sea atacado. No toleraremos la violencia contra quienes buscan obtener o proporcionar servicios de salud reproductiva”, prometió.
La nueva ley del aborto texana es una de las más estrictas de Estados Unidos y prohíbe el aborto cuando se detecte latido fetal –a partir de las seis semanas de gestación–, que a menudo es antes de que la mujer sepa incluso que está embarazada. No prevé supuesto alguno por violación o incesto, aunque sí existe una excepción por “emergencias médicas”.
También permite a los ciudadanos presentar demandas civiles contra cualquier persona que ayude a una mujer embarazada a abortar y prevé recompensas de hasta 10.000 dólares por ello.
Por su parte, el gobernador republicano de Texas, Greg Abbot, ha defendido la conveniencia de la ley y ante las preguntas de que si la legislación “obligaría” a una mujer que ha sido violada a seguir adelante con el embarazo, señaló que dispone de seis semanas para abortar y que las autoridades del estado “trabajan incansablemente para eliminar a todos los violadores”.
Sin embargo, según el último balance del Departamento de Seguridad Pública de Texas, casi una cuarta parte de todos los delitos violentos denunciados en 2019 fueron casos de violación, unos 14.650, de los cuales solo 3.900 supusieron el arresto de los responsables, informa la CBS.