El nuevo procedimiento judicial dará prioridad a casos de condiciones peligrosas, desalojos y propietarios negligentes, con plazos más cortos para aliviar a los inquilinos
Sala de Redacción | New York Hispano
Nueva York
El alcalde Zohran Kwame Mamdani anunció un nuevo procedimiento acelerado en el Tribunal de Vivienda de la ciudad de Nueva York para atender con mayor rapidez algunos de los casos más graves que afectan a los inquilinos.
Bajo una nueva directriz del juez administrativo de la Corte Civil de la Ciudad de Nueva York, los jueces agilizarán casos relacionados con órdenes de desalojo, condiciones peligrosas que afecten edificios completos, ascensores fuera de servicio y procedimientos para designar administradores externos cuando los propietarios incumplan sus responsabilidades.
La medida busca reducir los tiempos de espera en procesos que actualmente pueden prolongarse durante meses o incluso años, retrasando el regreso de familias a sus viviendas después de un desastre o dejando a residentes expuestos a condiciones peligrosas.
“Los neoyorquinos merecen un gobierno que aborde la crisis de vivienda con la urgencia que esta exige. Cuando un edificio representa un peligro, cuando un ascensor no funciona o cuando un propietario ha descuidado su responsabilidad de proporcionar un hogar seguro, los inquilinos no deberían tener que esperar meses o años para obtener una solución”, declaró Mamdani.
El alcalde agregó que el procedimiento permitirá que el Tribunal de Vivienda responda “con la misma urgencia que las emergencias que enfrentan los neoyorquinos”.
¿Qué casos tendrán prioridad?
La orden administrativa establece que el procedimiento acelerado se aplicará a:
- Casos de la Sección de Vivienda (Housing Part o “HP”) que presenten una o más de las siguientes condiciones:
- Una orden de desalojo que afecte a un tercio o más de los apartamentos de un edificio, o a la totalidad del inmueble.
- Una infracción pendiente de Clase C del Departamento de Preservación y Desarrollo de la Vivienda (HPD), considerada de peligro inmediato, por falta de servicios esenciales como calefacción, agua caliente, electricidad, gas o agua, que afecte al menos a un tercio de los apartamentos o a todo el edificio.
- La falta de funcionamiento de todos los ascensores de un edificio o de una sección del mismo.
- Procedimientos del Artículo 7A en los que la Ciudad o los inquilinos soliciten el nombramiento de un administrador externo para edificios con una infracción pendiente de Clase C del HPD o de Clase 1 del Departamento de Edificios (DOB), ambas consideradas de peligro inmediato.
Los casos incluidos en estas categorías recibirán un juez el mismo día de su presentación y las actuaciones posteriores seguirán un calendario acelerado. Una vez notificada la demanda, las partes tendrán un máximo de cinco días para comparecer ante el tribunal.
Para respaldar el nuevo sistema, el Sistema Judicial Unificado ampliará el número de jueces disponibles para casos de la Sección de Vivienda y procedimientos del Artículo 7A.
“Hacer cumplir las normas de vivienda es uno de los mandatos legales fundamentales del Tribunal de Vivienda”, afirmó Jack Stoller, juez supervisor del Tribunal de Vivienda de la Ciudad de Nueva York.
“El Sistema Judicial Unificado del Estado de Nueva York está comprometido a garantizar que los inquilinos que enfrentan las condiciones de vivienda más graves y peligrosas tengan un acceso oportuno a la justicia”, agregó.
Presión sobre propietarios negligentes
El nuevo procedimiento forma parte de una estrategia más amplia de la administración Mamdani para responsabilizar a propietarios que mantienen sus edificios en malas condiciones.
A través de la iniciativa “Fix the City” (Arreglar la ciudad), el gobierno municipal utilizará distintas herramientas de fiscalización, incluidos los procedimientos acelerados del Tribunal de Vivienda, para intervenir contra propietarios con antecedentes persistentes de negligencia.
La administración también impulsa medidas incluidas en su informe Rental Ripoff Report para proteger el derecho de los residentes a disponer de ascensores en funcionamiento y recibir adaptaciones razonables cuando estos permanecen fuera de servicio durante periodos prolongados.
“Los inquilinos que enfrentan condiciones de peligro inmediato o que esperan regresar a sus hogares tras un desastre merecen un gobierno que actúe con urgencia”, señaló Leila Bozorg, vicealcaldesa de Vivienda y Planificación.
Por su parte, Dina Levy, comisionada de Preservación y Desarrollo de la Vivienda, calificó la medida como “un paso decisivo” para reparar la ciudad.
“Al impartir justicia con mayor rapidez, protegeremos mejor a los inquilinos y perseguiremos con mayor eficacia los casos contra propietarios que actúan con negligencia deliberada”, aseguró Levy.
Más recursos para asistencia legal y vivienda
La administración Mamdani también está aumentando los recursos destinados a la representación legal de inquilinos. El gobierno municipal invertirá $14,3 millones en el año fiscal 2027 y $40 millones anuales posteriormente para ampliar el derecho a asistencia legal.
En abril, Mamdani se convirtió además en el primer alcalde en ejercicio de la ciudad de Nueva York en visitar un Tribunal de Vivienda mientras se encontraba en funcionamiento.
Las medidas forman parte de un esfuerzo más amplio para mejorar la seguridad y asequibilidad de las viviendas.
Mediante la iniciativa Block by Block y el primer presupuesto del alcalde, la administración prevé invertir $22.000 millones durante cinco años en viviendas asequibles.
El gobierno municipal también está renovando su sistema de cumplimiento de las normas de vivienda y coordinando acciones entre distintas agencias. Entre ellas se encuentran jornadas intensivas de inspección y fiscalización, así como revisiones integrales de edificios, desde los tejados hasta los sótanos.
Además, se implementaron disposiciones que obligan a los propietarios a ofrecer alojamiento alternativo a los residentes de edificios que permanezcan más de 14 días sin servicio de ascensor cuando no se estén realizando las reparaciones necesarias.
Con estas acciones, la administración busca combinar una respuesta judicial más rápida, mayor fiscalización y nuevas inversiones para proteger a los inquilinos y actuar contra los propietarios que incumplan las leyes de vivienda de la ciudad.
