Fallo internacional abre acceso a documentos financieros clave de una demanda judicial a la Municipalidad de Lima Metropolitana, Perú
Sala de Redacción | New York Hispano
Nueva York
La Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, en Estados Unidos, confirmó el 24 de junio dos laudos arbitrales internacionales que ordenan a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) pagar aproximadamente US$200 millones al consorcio Rutas de Lima, encargado de operar tres vías concesionadas en la capital: la Panamericana Norte, la Panamericana Sur y la carretera Ramiro Prialé.
El origen del conflicto se remonta a 2013, cuando la MML y Rutas de Lima firmaron un contrato para construir, mejorar y operar varias vías urbanas. Según el acuerdo, la empresa asumiría la financiación y ejecución del proyecto, a cambio de ingresos por el cobro de peajes.
De acuerdo a la MML, la orden judicial concede acceso, mediante citaciones formales, a registros bancarios y de compensación pertenecientes a Brookfield Asset Management, Scotiabank, KPMG, varios bancos internacionales, el sistema CHIPS —principal red de compensación interbancaria de EE.UU.— y el Banco de la Reserva Federal de Nueva York.
El municipio de la capital peruana señala que se trata de una de las autorizaciones de discovery más amplias otorgadas en Estados Unidos en un caso relacionado con presunta corrupción en una concesión pública.
«La decisión permitirá reconstruir con precisión el flujo de fondos entre 2013 y 2016, periodo en el cual Odebrecht operaba su sistema de “Operaciones Estructuradas” y Brookfield adquirió la participación mayoritaria en Rutas de Lima», indica la MML.
Validación de la estrategia municipal
En paralelo, la Corte de Justicia de Nueva York respaldó la estrategia impulsada por la actual administración municipal, de Rafael López Aliaga, que busca acceder a documentación financiera del concesionario. La municipalidad sostiene que esta información es clave para determinar si existieron pagos indebidos, transferencias opacas o movimientos sospechosos que pudieron afectar el proceso de concesión.
“La revisión de los datos financieros permitirá esclarecer responsabilidades en una etapa determinante para la defensa de los ciudadanos limeños”, señaló la MML en un comunicado.
Con este fallo, el caso ingresa a una fase crítica que podría definir el futuro de la relación contractual entre la ciudad y el operador vial. La investigación tiene como finalidad rastrear el ingreso y salida del dinero, para determinar si se anula el contrato o sigue en vigencia.
