La corte no explicó su orden de suspender una decisión de un tribunal inferior
Sala de Redacción | New York Hispano
Nueva York
El viernes 30 de mayo, la Corte Suprema accedió a la solicitud de la administración Trump de revocar categóricamente la libertad condicional humanitaria para más de 530,000 inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela y ordenarles que salgan del país.
La corte no explicó su orden de suspender una decisión de un tribunal inferior que bloqueó temporalmente el abrupto cambio de política de la administración.
En marzo, el Departamento de Seguridad Nacional revocó las protecciones para migrantes de cinco países emitidas por la administración Biden. La agencia les dio un aviso de 30 días para que abandonaran el país a menos que contaran con protección legal bajo otro programa.
Varios migrantes y grupos de defensa de los inmigrantes demandaron por la medida, alegando que la ley federal no otorgaba a la secretaria del DHS, Kristi Noem, la discreción para eliminar categóricamente las protecciones humanitarias, sino que solo lo hacía caso por caso. Un tribunal federal de distrito estuvo de acuerdo.
La decisión del Tribunal Supremo significa que la administración Trump puede avanzar con su cambio de política, incluso mientras el litigio continúa en tribunales inferiores sobre el fondo del asunto.
Los jueces Ketanji Brown Jackson y Sonia Sotomayor discreparon sobre la decisión.
Jackson, en su oposición, acusó a la mayoría del tribunal de subestimar cruelmente las devastadoras consecuencias de permitir que el Gobierno trastoque precipitadamente la vida y el sustento de casi medio millón de no ciudadanos mientras sus demandas legales están pendientes.
“Aunque es probable que el Gobierno gane sobre el fondo del asunto, en nuestro sistema legal, el éxito lleva tiempo”, escribió Jackson, “y los estándares de suspensión requieren una victoria más que anticipada”. Habría denegado la solicitud del Gobierno porque su demostración de perjuicios es manifiestamente insuficiente.
En el escrito de desacuerdo, Brown Jackson considera que “el tribunal literalmente ha hecho una chapuza con su dictamen hoy”.
“(El tribunal) no exige prácticamente nada al Gobierno en cuanto a daños irreparables. Y subestima las devastadoras consecuencias de permitir que el Gobierno trastoque precipitadamente la vida y el sustento de casi medio millón de extranjeros mientras sus demandas legales siguen pendientes”, escribe la jueza.
Brown Jackson subraya que el más de medio millón de migrantes encara ahora “dos opciones insostenibles”. Por un lado, pueden optar por abandonar EE.UU. y enfrentarse a “peligros en sus países de origen”, tal y como advirtió ya la jueza de Massachusetts, o pueden permanecer en el país después de que expire su “parole” “y arriesgarse a una expulsión inminente a manos de agentes del Gobierno, con las graves consecuencias que ello conlleva”.
El de hoy es el segundo fallo del Supremo este año en este terreno, después de que hace 10 días autorizara a Trump a retirar el estatus de protección temporal (TPS) a unos 350.000 migrantes venezolanos.
El republicano retornó a la Casa Blanca con la promesa de endurecer enormemente la política migratoria del país, lo que, según él, incluye la expulsión de millones de inmigrantes.
El llamado “parole humanitario” fue ampliado en enero de 2023 por el expresidente Biden (2021-2025) para facilitar la inmigración legal de ciudadanos de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití, entre las nacionalidades con mayor representación entonces en las llegadas irregulares a la frontera sur con México.
A principios de este mes, la Corte Suprema permitió a la administración Trump cancelar el “Estatus de Protección Temporal” de aproximadamente 350.000 venezolanos que estaban protegidos de la deportación y tenían permiso para trabajar en Estados Unidos.
La administración Trump ha tomado medidas para restringir la inmigración y rechazar a refugiados de países como Afganistán y Haití, recientemente aceptó refugiados sudafricanos blancos, lo que generó críticas.
El gobierno ha afirmado que se está cometiendo un genocidio contra agricultores afrikáneres blancos, afirmación que el presidente de Sudáfrica refutó durante una reunión con el presidente Donald Trump en el Despacho Oval.
Publicado el 30 de Mayo, 2025
