Advierten que el cambio federal podría llevar a familias inmigrantes a abandonar ayudas de salud y alimentación por miedo a perjudicar sus solicitudes de residencia
Sala de Redacción | New York Hispano
Nueva York
El cambio anunciado por la Administración de Donald Trump en la política de carga pública, que entrará en vigor el 18 de septiembre, ha generado temor e incertidumbre entre familias inmigrantes de Nueva York. Organizaciones comunitarias advierten que la falta de criterios específicos podría provocar que personas elegibles renuncien innecesariamente a servicios médicos y programas de alimentación.
La medida elimina la regulación federal establecida en 2022 y otorga mayor discreción a los funcionarios encargados de decidir si un solicitante de residencia permanente podría convertirse en una “carga pública”. Sin embargo, el Gobierno todavía no ha divulgado todos los criterios y beneficios que se tendrán en cuenta.
Ante la incertidumbre, defensores de los inmigrantes recalcaron que las familias no deben cancelar beneficios, citas médicas ni trámites migratorios sin consultar primero con un abogado o una organización acreditada.
«Veremos un aumento de las urgencias médicas, más escolares desnutridos y hambrientos, más familias ingresando al sistema de albergues y muchos otros daños evitables», afirmó Carlos Arnao, de la Coalición de Inmigración, durante una rueda de prensa junto a otras organizaciones.
Javier Ramírez Baron, director ejecutivo de Cabrini Immigrant Services, aseguró que el anuncio del pasado jueves ya está teniendo efectos entre las familias a las que prestan asistencia y relató el caso de una madre de un niño ciudadano estadounidense con necesidades médicas que depende de Medicaid, el seguro sanitario para personas de bajos ingresos, y de ayudas alimentarias.
«Esa madre nos llamó entre lágrimas para preguntarnos si debía cancelar la cita médica de su hijo o continuar con su caso de inmigración», explicó.
Ramírez Baron criticó además que el Gobierno no haya publicado una lista concreta de los beneficios que se tendrán en cuenta para aplicar la norma, lo que, dijo, alimenta la confusión entre los inmigrantes.
Randy Ali, director ejecutivo del Centro de Apoyo a las Familias Árabe-Estadounidenses, y Kevin Cho, de la Federación Asiático-Americana, advirtieron también de las consecuencias que la medida tendrá para las comunidades a las que representan.
Según Cho, el propio Departamento de Seguridad Nacional estima que unas 950.000 personas podrían decidir no solicitar o abandonar prestaciones públicas por temor a que ello perjudique sus trámites migratorios.
Recordó además que, cuando la regla entró en vigor por primera vez en 2019, los asiáticos no ciudadanos abandonaron el programa de cupones de alimentos a un ritmo ocho veces superior al de los ciudadanos asiáticos.
La comisionada de la Oficina de Asuntos del Inmigrante de la Alcaldía de Nueva York, Faiza N. Ali, respaldó a las organizaciones y aseguró que la ciudad utilizará «todas las herramientas a su alcance» para combatir las políticas de la Administración Trump, al tiempo que pidió a los inmigrantes buscar asesoramiento en organizaciones de confianza.
«La norma de carga pública no busca proteger a los contribuyentes, sino disuadir a los inmigrantes de acceder a servicios esenciales y crear un clima de miedo», afirmó Murad Awawdeh, presidente de la Coalición de Inmigración.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) publicará una versión revisada del formulario de solicitud para registrar la residencia permanente o ajustar el estatus (I-485).
La medida afectará a inmigrantes legales y a familias de estatus migratorio mixto, en las que los padres son extranjeros con hijos nacidos en Estados Unidos.
«Sin estos recursos vitales, veremos un aumento en la demanda de atención de emergencia, reportes de escolares que pasan hambre o sufren desnutrición, más familias recurriendo a los albergues y muchos otros perjuicios evitables», afirmó Carlos Arnao, director de Comunidades Saludables de la New York Immigration Coalition.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó en X: «Bajo la administración del presidente Trump, el DHS está restableciendo el principio fundamental de que los inmigrantes deben ser capaces de mantenerse por sí mismos. Estamos reafirmando el requisito de autosuficiencia, protegiendo los recursos públicos y poniendo fin a políticas que fomentaban la dependencia de los contribuyentes estadounidenses trabajadores».
«Las comunidades inmigrantes de Nueva York son un motor económico para esta ciudad y para nuestro país», señaló Rosy Mota, directora de políticas de salud de la Latino Commission on AIDS. «Estamos aquí tras la Copa del Mundo y hemos visto cómo nuestras economías se benefician de los inmigrantes».
Según la Oficina del Censo de EE. UU., en 2023 residían en el país cerca de 23 millones de personas que no eran ciudadanas.
Los críticos sostienen que la política amplía los motivos de exclusión y que la nueva norma no describe ni especifica por nombre los beneficios y programas que podrían considerarse como una «carga pública».
Se prevé que la política sobre carga pública entre en vigor dentro de poco menos de dos meses, el 18 de septiembre.
¿Necesita orientación?
Antes de cancelar un beneficio o tomar una decisión sobre su caso, busque asesoría legal confiable. En la ciudad de Nueva York puede llamar a la línea de asistencia migratoria de MOIA al 800-354-0365 y decir “public charge” o “carga pública”. La ciudad indica que la orientación es gratuita y confidencial. Oficina de Asuntos del Inmigrante de NYC
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Organizaciones de Nueva York advierten que el cambio en la política de carga pública está provocando miedo entre familias inmigrantes que reciben servicios médicos o asistencia alimentaria.
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Organizaciones de Nueva York alertan sobre cambios en la política de carga pública
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⚠️ El cambio en la política de carga pública ya genera temor entre familias inmigrantes.
Organizaciones de Nueva York advierten que algunas personas podrían abandonar ayudas médicas o alimentarias por miedo a perjudicar sus solicitudes de residencia permanente.
La nueva política entrará en vigor el 18 de septiembre de 2026, pero todavía existen dudas sobre los beneficios y factores que evaluarán las autoridades.
👉 Los defensores recomiendan no cancelar Medicaid, asistencia alimentaria, citas médicas ni otros servicios sin consultar antes con un abogado u organización acreditada.
Lea qué cambiará y dónde puede buscar orientación confiable.
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El cambio en la política de carga pública entrará en vigor el 18 de septiembre y ya genera temor entre familias inmigrantes. Organizaciones recomiendan no abandonar beneficios ni citas médicas sin recibir asesoría legal confiable. [ENLACE]
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⚠️ Un cambio en la política de carga pública entrará en vigor el 18 de septiembre. Organizaciones advierten a las familias inmigrantes que no cancelen beneficios, citas médicas o ayudas alimentarias sin consultar primero con un especialista. Conozca qué se sabe hasta ahora: [ENLACE]
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Familias inmigrantes temen perder servicios o perjudicar sus trámites de residencia
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¿Beneficios o residencia?
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La nueva política de carga pública pone a miles de familias ante una decisión angustiante
Recomiendo la primera opción, “Alerta por carga pública”, porque es fuerte, clara y no sugiere que todas las familias necesariamente tendrán que escoger entre los beneficios y la residencia.
