Advierten que más de 300,000 residentes perderían su cobertura médica por los nuevos requisitos laborales impuestos por la Administración federal
Sala de Redacción | New York Hispano
Una coalición de 24 fiscales generales de 24 estados y del Distrito de Columbia presentó una demanda contra la Administración del presidente Donald Trump por una nueva regla que, denuncian, dejaría sin cobertura a beneficiarios del programada Medicaid, dirigido a personas de escasos recursos económicos.
Los demandantes solicitan al tribunal que suspenda la aplicación de la medida mientras se resuelve el caso y que, finalmente, la anule.
La norma fue emitida por el Departamento de Salud y Servicios Humanos y los Centros de Servicios de Medicare. Según la demanda, crea nuevas barreras que obligarán a muchos beneficiarios con problemas de salud graves, discapacidades, necesidades de salud mental y trastornos por consumo de sustancias a demostrar que están lo suficientemente enfermos como para conservar su seguro médico.
De acuerdo con la coalición, la nueva norma viola la Ley de Procedimiento Administrativo porque es contraria a la ley federal, «arbitraria y caprichosa», y afirman que se emitió sin considerar adecuadamente el daño que causará a los estados y a los beneficiarios del programa de salud, indicó en un comunicado la fiscal general de Nueva York, Letitia James.
James recordó que, en julio de 2025, el Congreso aprobó la «Gran Ley Integral», que impone nuevos requisitos de trabajo para algunos adultos que reciben el Medicaid, pero protegió a algunas personas con problemas de salud, incluyendo a quienes padecen trastornos por consumo de sustancias, afecciones mentales graves, discapacidades y enfermedades graves o complejas.
No obstante, cuando la Administración Trump presentó su plan para poner en marcha la ley, «fue un paso más allá», exigiendo que demuestren que su condición les dificulta para trabajar o cumplir con los nuevos requisitos.
Esa postura sorprendiendo a los estados que habían mantenido contacto con los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid durante meses para desarrollar planes para implementar la ley, porque no estaba incluido ni formaba parte de las directrices federales previas, afirmó James.
La coalición argumentó al tribunal en su demanda que la nueva norma dificultará que los estados identifiquen automáticamente a los beneficiarios de Medicaid que deberían estar protegidos.
En Nueva York, se espera que los nuevos requisitos laborales lleven a que al menos 475.000 beneficiarios del Medicaid pierdan su cobertura debido al impacto combinado de los requisitos laborales y las verificaciones de elegibilidad más frecuentes.
En Nueva Jersey
Miles de familias de Nueva Jersey podrían quedarse sin seguro médico si entran en vigor los nuevos requisitos laborales para acceder a Medicaid impulsados por la administración del presidente Donald Trump, advirtió este martes la fiscal general del estado, Jennifer Davenport, al anunciar una demanda para bloquear la medida.
Davenport encabeza una coalición de 24 fiscales generales y dos gobernadores que presentó una acción judicial contra el Gobierno federal, argumentando que la nueva norma impone obstáculos burocráticos ilegales que pondrían en riesgo la cobertura médica de cientos de miles de personas, incluidas aquellas con enfermedades graves y discapacidades.
Según la fiscal general, más de 300,000 residentes de Nueva Jersey podrían perder el acceso a Medicaid, no porque ya no sean elegibles, sino porque enfrentarían nuevos requisitos administrativos para demostrar que trabajan, estudian, realizan servicio comunitario o califican para una exención médica.
«Todos merecen acceso a una atención médica asequible», afirmó Davenport. «La nueva norma de la Administración Trump obligaría incluso a pacientes con cáncer en etapa cuatro o con Alzheimer de aparición temprana a superar trámites burocráticos excesivos para demostrar que están demasiado enfermos para trabajar».
La demanda sostiene que la norma restringe de manera ilegal las exenciones previstas para personas con enfermedades graves, trastornos de salud mental, adicciones y otras condiciones médicas complejas que les impiden mantener un empleo.
¿Qué cambia con la nueva norma?
Los cambios fueron publicados por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) y forman parte de la implementación de la denominada Ley Integral OBBBA.
Aunque la ley establece que los requisitos laborales comenzarán a aplicarse el 1 de enero de 2027, los estados deberán empezar a notificar los cambios a los beneficiarios antes del 31 de agosto de 2026, por lo que Nueva Jersey busca detener la medida antes de que entre en vigor.
Los fiscales generales argumentan que la regulación obliga a los pacientes a presentar documentación adicional para demostrar que su condición médica limita significativamente su capacidad para trabajar, lo que podría provocar que muchas personas elegibles pierdan su cobertura simplemente por no completar los trámites correctamente o dentro del plazo establecido.
Millones podrían perder Medicaid
La propia Administración federal estima que más de tres millones de personas podrían perder Medicaid como consecuencia de los nuevos requisitos laborales.
Experiencias anteriores en otros estados demostraron que este tipo de medidas suele provocar que muchas personas pierdan su seguro médico debido a errores administrativos o dificultades para presentar la documentación, incluso cuando siguen cumpliendo los requisitos para recibir el beneficio.
Los fiscales generales sostienen que esto aumentaría la presión sobre hospitales, salas de emergencia y sistemas estatales de salud, además de incrementar los costos de atención médica para los estados.
¿Qué busca la demanda?
La coalición solicita a un tribunal federal suspender la implementación de la norma mientras continúa el proceso judicial.
La demanda argumenta que el Gobierno federal:
- Restringe ilegalmente las protecciones para personas con enfermedades graves y discapacidades.
- Viola la Ley de Procedimiento Administrativo al ignorar evidencia de que los requisitos laborales provocan la pérdida de cobertura por razones burocráticas y no por falta de empleo.
- Impone nuevas obligaciones a los estados sin ofrecer directrices claras para cumplirlas.
- Incrementa los costos para los gobiernos estatales y pone en riesgo la atención médica de millones de estadounidenses.
Participan en la demanda los fiscales generales de Nueva Jersey, California, Massachusetts, Nueva York, Illinois, Maryland, Washington, Virginia, Oregón, Colorado, Connecticut, Hawái, Michigan, Minnesota, Nevada, Nuevo México, Carolina del Norte, Rhode Island, Vermont, Wisconsin, Arizona, Delaware, Maine y el Distrito de Columbia, junto con los gobernadores de Kentucky y Pensilvania.
Medicaid es el principal programa de seguro médico para personas de bajos ingresos en Estados Unidos y es financiado conjuntamente por los gobiernos federal y estatal.
