Coalición encabezada impugna norma federal que, podría desalentar a familias inmigrantes de utilizar servicios de salud, asistencia alimentaria y otros beneficios
Sala de Redacción | New York Hispano
Nueva York
La ciudad de Nueva York encabeza una coalición que presentó una demanda contra el gobierno federal para impugnar la nueva norma sobre la denominada “carga pública”, al considerar que podría generar temor entre las familias inmigrantes y alejarlas de servicios esenciales para los que son legalmente elegibles.
El alcalde Zohran Kwame Mamdani anunció que Nueva York presentó la acción legal junto con Chicago, San Francisco, el condado de Santa Clara, Seattle, el condado de King, en Washington, y la organización Public Rights Project.
La demanda fue presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. Paralelamente, existe otra impugnación legal independiente encabezada por la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James.
La coalición cuestiona el intento del gobierno federal de considerar determinados beneficios públicos sujetos a requisitos económicos al evaluar solicitudes de residencia permanente —green cards— y visas.
Según los demandantes, la nueva norma carece de definiciones suficientemente claras y de salvaguardias significativas, además de ampliar considerablemente la capacidad del gobierno federal para considerar el uso de beneficios públicos en las determinaciones de “carga pública”.
Mamdani advirtió que la medida podría tener consecuencias más allá de las personas directamente afectadas por la norma.
Temor entre las familias inmigrantes
“La nueva norma sobre la carga pública busca alejar a las familias inmigrantes de los programas que han mantenido a la gente alimentada y sana durante décadas. Los neoyorquinos sentirán miedo de acudir al médico o de solicitar la ayuda a la que tienen derecho legalmente”, afirmó.
El alcalde sostuvo que el efecto disuasorio también podría alcanzar a familias que continúan siendo plenamente elegibles para recibir determinados beneficios.
“Nuestras comunidades inmigrantes no son una carga. Son las personas que hacen grande a la ciudad de Nueva York y al país”, señaló Mamdani.
La coalición argumenta en su demanda que la nueva política se aparta de más de un siglo de jurisprudencia y de décadas de directrices federales que establecían límites para las determinaciones de “carga pública”.
Steve Banks, asesor jurídico de la ciudad de Nueva York, afirmó que ningún inmigrante debería verse obligado a escoger entre su situación migratoria y beneficios para los que cumple legalmente los requisitos.
“Ningún inmigrante neoyorquino debería tener que elegir entre su estatus migratorio y los beneficios para los que es legalmente elegible”, expresó Banks.
La Oficina del Alcalde para Asuntos de Inmigrantes (MOIA) también expresó preocupación por la confusión que la nueva norma podría generar entre los inmigrantes de la ciudad.
Su comisionada, Faiza N. Ali, indicó que el temor podría llevar a familias a evitar programas y servicios públicos destinados a proteger su salud y seguridad.
“Nadie debería tener que elegir entre el bienestar de su familia y su futuro en este país”, afirmó Ali.
Nueva York promete orientación a los inmigrantes
La funcionaria aseguró que, mientras continúa la disputa en los tribunales, MOIA trabajará para que los inmigrantes neoyorquinos conozcan sus derechos y tengan acceso a asistencia jurídica confiable.
Chicago, Seattle, San Francisco y los condados de Santa Clara y King también cuestionaron la medida federal y advirtieron sobre sus posibles consecuencias para las comunidades inmigrantes.
El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, señaló que las familias no deberían tener que escoger entre “poner comida en la mesa, llevar a sus hijos al médico o proteger su capacidad para permanecer en este país”.
Por su parte, el abogado municipal de San Francisco, David Chiu, sostuvo que la norma podría sembrar “miedo y confusión” y hacer que algunas personas renuncien a servicios gubernamentales fundamentales.
Según la información difundida por la ciudad de Nueva York, se prevé que la nueva norma de “carga pública” entre en vigor el 18 de septiembre.
Las autoridades municipales advierten que la medida podría producir un efecto disuasorio entre inmigrantes que tienen derecho a determinados servicios, incluso entre personas a quienes la norma no se aplica.
¿Cuándo entra en vigor la nueva norma?
Ante las dudas sobre posibles consecuencias migratorias, la ciudad recomienda buscar asesoría jurídica confiable antes de tomar decisiones sobre beneficios o servicios públicos.
Los neoyorquinos, independientemente de su estatus migratorio, pueden comunicarse con la Línea de Ayuda Legal de Inmigración de MOIA al 1-800-354-0365.
También pueden llamar al 311 y decir “Immigration Legal” para solicitar asistencia legal migratoria gratuita, segura y confidencial en el idioma de su preferencia.
