Una jueza federal rechaza el intento de anular la ley que permite licencias de conducir a inmigrantes sin estatus legal
Sala de Redacción | New York Hispano
Nueva York
Una jueza federal ha ratificado la validez de la Green Light Law de Nueva York, una ley que permite a los inmigrantes indocumentados obtener licencias de conducir estándar, desestimando una demanda que buscaba anularla. Con esta decisión, la legislación, vigente desde 2019, continúa en pleno efecto, reforzando el compromiso del estado con la inclusión y la seguridad vial.
La Green Light Law —oficialmente conocida como Driver’s License Access and Privacy Act— autoriza a todos los residentes del estado, sin importar su estatus migratorio, a solicitar una licencia de conducir, siempre que cumplan con los requisitos básicos como presentar documentos de identidad válidos y aprobar los exámenes requeridos. Las licencias emitidas bajo esta ley están marcadas como “Not for Federal Purposes”, lo que impide su uso para vuelos domésticos o acceso a edificios federales.
La administración Trump había cuestionado la constitucionalidad de la ley, argumentando que interfería con la aplicación de las leyes federales de inmigración. Sin embargo, la jueza Anne M. Nardacci falló a favor del estado, concluyendo que el gobierno federal no logró demostrar que la ley estatal violara la Constitución. La decisión, celebrada por defensores de los derechos de los inmigrantes, representa un respaldo judicial a una política que ha permitido que decenas de miles de personas accedan a licencias, promoviendo la seguridad y la legalidad en las vías del estado.
Desde su implementación, la ley ha tenido un impacto significativo. No solo ha aumentado el número de conductores licenciados y asegurados, sino que también ha generado beneficios económicos mediante el cobro de tarifas de licencias y seguros. Organizaciones comunitarias y legisladores locales han defendido la norma como una medida de justicia y sentido común, argumentando que mejora la movilidad y reduce los temores de deportación durante controles de tráfico.
La legislación también protege la privacidad de los solicitantes, limitando el acceso de agencias federales, como ICE, a la base de datos del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV), salvo con orden judicial.
A pesar del respaldo judicial, la ley sigue siendo motivo de debate político. Algunos sectores la critican por considerar que debilita la cooperación entre autoridades estatales y federales. No obstante, para muchos residentes de Nueva York, la confirmación de su validez representa una garantía de dignidad, movilidad y reconocimiento en el tejido social del estado.
NEW YORK HISPANO
Este artículo pertenece a New York Hispano y no puede reproducirse, distribuirse, modificarse ni publicarse, total o parcialmente, sin autorización previa por escrito. Queda estrictamente prohibida la copia o republicación de este contenido en cualquier otro medio o plataforma.
This article belongs to New York Hispano and may not be reproduced, distributed, modified, or published, in whole or in part, without prior written permission. Copying or republishing this content on any other media or platform is strictly prohibited.
