Esta denuncia de UNICEF se suma a reportes de deportaciones de cientos de niños durante la pandemia por parte de la administración del presidente Donald Trump
Por lo menos mil menores, expulsados del paísde, de edad fueron devueltos desde Estados Unidos hacia México, Honduras, El Salvador y Guatemala desde principios de marzo, a pesar del riesgo de transmisión del COVID-19 en esos países, denunció el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés).
Además del peligro que corren los niños en sus lugares de origen, resultado de la violencia de pandillas, UNICEF alertó que los migrantes se enfrentan a ataques y discriminación al ser percibidos como posibles portadores del coronavirus.
“Muchos niños que regresan ahora están doblemente en riesgo y en un mayor peligro que cuando dejaron sus comunidades. Nunca está en el mejor interés de un niño volver a una situación insegura”, dijo la directora ejecutiva de UNICEF, Henrietta Fore en un comunicado.
La denuncia de UNICEF se suma a varios reportes que salieron a la luz esta semana donde se describe cómo la administración del presidente Donald Trump está acelerando la deportación de niños durante la pandemia citando un interés por la salud pública.
Según reveló el diario New York Times el miércoles, cientos de niños han sido enviados de vuelta a sus países de origen como parte de una nueva política que permite deportar a los migrantes antes de que tengan la oportunidad de hablar con un representante legal en sus países o pedir asilo en EE.UU.
El diario explicó que algunos jóvenes fueron deportados a las pocas horas de presentarse en la frontera estadounidense e incluso algunos estaban dentro del país, viviendo en custodia del gobierno —bajo el Departamento de Salud y Servicios Humanos— o con un guardián legal.
Como parte de las medidas de emergencia frente a la pandemia del coronavirus, el gobierno del presidente Donald Trump ha reforzado las restricciones migratorias en el país. Enmarcándolo como una protección a la salud pública, EE.UU. ha limitado la entrada de personas por la frontera sur, incluyendo a menores y solicitantes de asilo.
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