Explica que estas políticas ponen en peligro a las familias, socavan la seguridad pública de los neoyorquinos y amenazan la integridad del sistema judicial
Sala de Redacción | New York Hispano
Nueva York
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, tomó este lunes medidas para detener la práctica del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de realizar arrestos en las cortes federales de inmigración.
En un escrito amicus presentado en el caso African Communities Together v. Lyons, James instó a la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva Yor, bloquear las nuevas políticas federales que autorizan arrestos generalizados en tribunales de inmigración y que permiten al gobierno federal desestimar abruptamente los casos de inmigrantes. Argumentó que estas políticas ponen en peligro ilegalmente a las familias, socavan la seguridad pública de todos los neoyorquinos y amenazan la integridad del sistema judicial.
“Los tribunales están dedicados a la búsqueda de justicia, no al acoso y los arrestos selectivos”, declaró. “Con estos arrestos crueles e ilegales en los tribunales, el gobierno federal está utilizando el miedo como arma para relegar a los inmigrantes a la sombra, separar a las familias y poner en riesgo la seguridad de todos. No me quedaré de brazos cruzados mientras los neoyorquinos son despojados de sus derechos y nuestros tribunales se utilizan para la intimidación”.
James, también, argumenta que arrestar a personas mientras se presentan a las audiencias de inmigración inhibe la participación no solo en los tribunales de inmigración, sino en todo el sistema judicial.
Según explica a través de un comunicado, “como resultado de esta política ilegal, los inmigrantes neoyorquinos son más propensos a tener miedo de testificar en tribunales estatales y locales, solicitar órdenes de protección contra sus abusadores o, en general, participar en audiencias judiciales cruciales. Este efecto intimidatorio dificulta que los fiscales responsabilicen a los delincuentes y niega a las víctimas la posibilidad de comparecer ante el tribunal, socavando la seguridad pública de todos los neoyorquinos”.
La Fiscal explica que, dado que estas políticas impiden que los inmigrantes presenten sus casos de inmigración sin arriesgarse a ser arrestados y deportados, las llevan a la sombra, donde el miedo impide que las familias denuncien delitos, busquen atención médica o accedan a otros servicios vitales. Esta erosión de la confianza deja a comunidades enteras más vulnerables a la violencia, la explotación y los riesgos para la salud pública.
Cuando los padres tienen demasiado miedo de llevar a sus hijos al médico, explica la fiscal James a través de un comunicado, “las enfermedades transmisibles se propagan con mayor facilidad; cuando las familias evitan las escuelas o los lugares de culto, la educación de los niños y los vínculos comunitarios se ven afectados”.
El informe también destaca el devastador impacto que estas políticas tienen en las familias y las comunidades, explica.
La fiscal James argumenta que millones de inmigrantes, incluidos 640,000 neoyorquinos indocumentados, son esenciales para la fuerza laboral, la base impositiva y la vida cívica del estado. “Estos arrestos y detenciones en los tribunales, que ocurren antes de que los inmigrantes tengan la oportunidad de demostrar su derecho legal a permanecer en Estados Unidos, separan a los padres de sus hijos, desestabilizan los hogares e imponen un trauma profundo y duradero. Los arrestos arbitrarios en los tribunales y la desestimación de casos son especialmente perjudiciales para los niños, quienes deben lidiar con la inestabilidad financiera, la inseguridad alimentaria y habitacional, y la pérdida de un cuidador principal”, sostuvo la fiscal.
James, dijo que las investigaciones demuestran que estos niños sufren un sufrimiento psicológico extremo, como ansiedad, depresión y trastorno de estrés postraumático (TEPT), efectos que a menudo persisten hasta bien entrada la edad adulta. Como resultado, los estados se ven obligados a asumir la carga, proporcionando servicios sociales costosos y apoyo a las familias que se encuentran en crisis.
