Reducciones en beneficios y ajustes en elegibilidad de salud dejan a hogares vulnerables y el acceso limitado a servicios esenciales
Ariana Almeida-Martínez / Colaboradora
Alexandra (nombre protegido) no habla de política. Habla de leche, de renta y de cómo estirar un salario que nunca alcanza. “Ahora que me redujeron la ayuda de SNAP no sé qué voy a hacer”, dice.
La residente de Yorktown, en el condado de Westchester, es madre de dos niños, de dos y cinco años. Ambos ciudadanos estadounidenses. Trabaja limpiando casas, cuidando otros infantes y haciendo entregas de comida cuando puede. También cose por encargo. La rutina de Alexandra es agotadora y sus ingresos inestables. Ese factor la llevó a tomar una decisión que jamás imaginó.
Hace dos años, cuando se separó de su pareja, solicitó ayuda alimentaria. “No quería hacerlo. Tenía miedo de que me afectara porque estoy tratando arreglar mis papeles”, cuenta.
Pero la necesidad fue más fuerte que el temor y Alexandra se convirtió en beneficiaria de Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP), el programa federal que ayuda a casi 3 millones de personas en el estado de Nueva York a comprar comida de primera necesidad. Para ella, es un alivio. Significa llenar su nevera de leche, frutas y carne sin tener que elegir entre alimentar a sus hijos o pagar el alquiler.
Sin embargo, ahora, las recientes reformas federales que cambiaron algunos aspectos de los programas de asistencia alimentaria han sembrado dudas en la mujer, de 24 años, y en miles de familias que dependen de estos beneficios para cubrir necesidades básicas. Según la New York State Office of Temporary and Disability Assistance (OTDA), algunas modificaciones se implementaron el pasado 1 de marzo, como la ampliación de los requisitos laborales para determinados beneficiarios de SNAP. Otras directrices entrarán en vigor paulatinamente.
Las despensas de alimentos
El anuncio llegó a Alexandra con una noticia desalentadora. Hace un par de semanas le notificaron que el monto asignado mensualmente se reduciría significativamente: un poco más de la mitad.
“La explicación fue que cambiaron los ingresos reportados. Yo creo que es porque he estado trabajando en estas aplicaciones para repartir comida a domicilio. Lo que nadie entiende es que estos trabajos no son fijos”, detalla.
Para Alexandra la motivación para buscar otra fuente de ingresos no es otra que necesidad. “Darles a mis hijos una vida digna. Pero con estos cambios tengo miedo de no lograrlo”.
Su historia no es diferente a la de muchos que sienten que el mantenerse en el programa ahora pende de un hilo. Esto debido a que en Nueva York, las actualizaciones federales para determinados beneficiarios exigen —por ejemplo— que algunos adultos entre 18 y 64 años considerados Able-Bodied Adults Without Dependents (ABAWD) deben demostrar que trabajan, realizan voluntariado o participan en capacitación al menos 80 horas al mes para conservar el beneficio. Las autoridades estatales advirtieron que los primeros impactos de las reformas comenzaron a reflejarse desde junio.
Organizaciones que apoyan a familias vulnerables y despensas de alimentos locales advierten que cualquier reducción en los beneficios de SNAP aumenta la presión sobre la red de ayuda alimentaria, que ya opera con una demanda históricamente elevada.
Jennifer Matrazzo, directora de Comunicaciones de
Hunger Solutions New York, fue consultada por Westchester Hispano sobre cómo están preparadas las organizaciones locales para apoyar a la comunidad ante los recientes cambios en el programa suplementario de alimentación. “Nuestro trabajo se centra en la divulgación a nivel estatal, la asistencia técnica y las políticas relacionadas con SNAP y otros programas federales de nutrición por lo que no estamos en la mejor posición para hablar sobre impactos locales específicos”, explicó.
Sin embargo, en términos generales Hunger Solutions New York refiere que los bancos de alimentos del estado atienden actualmente a un 70 % más de hogares que antes de la pandemia, y advierte que el sistema de ayuda alimentaria de emergencia no tiene capacidad para sustituir al programa de asistencia, especialmente en un contexto de recortes.
La organización añade una cifra importante para contextualizar la magnitud de la situación: por cada comida que entrega una despensa o banco de alimentos, SNAP proporciona aproximadamente nueve, lo que significa que las organizaciones benéficas no pueden compensar una reducción importante del beneficio federal.
Alexandra y sus hijos ya tuvieron que recorrer a esa opción. “Voy a dos lugares donde regalan comida: una iglesia en Mohegan Lake que entrega alimentos el sábado por la mañana y un centro comunitario en Bedford al que uno puede ir una vez al mes”.
La pérdida de la cobertura
Mientras la madre intenta que no falte comida en su mesa, para otras familias la incertidumbre no está en la despensa, sino en el seguro médico. Diego Ramírez, un padre colombiano, se enfrenta a la suspensión de Medicaid. En abril pasado tuvo que renovar el seguro médico familiar. Al hacerlo le informaron que ya no era elegible para Medicaid. La familia pasó a otra cobertura con deducibles y gastos de bolsillo. “Me explicaron que la tabla de ingresos cambió y por eso ya no podemos aplicar. Es preocupante. Mi hija Amelia tiene tres años y un tema de salud que requiere tratamiento y terapia continua”, menciona.
Su póliza entró en vigencia el 1 de junio y desde entonces se ha topado con muchas trabas en el sistema de salud. “Nos dicen que ya no tenemos los mismos beneficios y que debemos buscar los servicios en otro lugar. Es muy confuso”.
La historia de Diego coincide con otro cambio importante que comenzó el 1 de julio en Nueva York. El Departamento de Salud del Estado informó que aproximadamente 450,000 personas dejaron de ser elegibles para el Essential Plan después de que el límite de ingresos para acceder al programa se redujera del 250 % al 200 % del Federal Poverty Level (FPL), el indicador que utiliza el gobierno federal para determinar quién puede recibir ciertos beneficios públicos. Es decir, personas que antes calificaban por su nivel de ingresos ahora quedaron fuera del programa debido al cambio en las reglas de elegibilidad.
Mientras las cifras se ajustan en los niveles federales y estatales, en hogares como el de Alexandra y Diego las decisiones se traducen en rutinas más frágiles: compras que se reducen, comidas que se estiran y calendarios que giran alrededor de cuándo llega la próxima ayuda. En esa distancia entre la política pública y la vida cotidiana, lo que cambia no son solo los programas, sino la forma en que se organiza la supervivencia.
